El poder quiso un atajo. Esta vez no le salió
El 28 de agosto, el gobierno de Keiko Fujimori pidió al Congreso 120 días para decretar directamente, sin pleno, sin comisión y sin nadie que le lleve la contra en público, en minería, energía, infraestructura, trabajo, seguridad ciudadana, justicia penal y penitenciaria, y MYPES.
Entre el 8 y el 10 de septiembre, seis comisiones le cerraron la puerta, y no fue solo la oposición gritando desde su trinchera de siempre, sino su propio partido, que controla dos de esas comisiones. Estos son los votos:
- Energía y Minas votó 11 a 8 para declarar "no viable" el pedido. La preside Yenifer Paredes, de Juntos por el Perú (JP).
- Ciencia, Tecnología y Sociedad Digital, presidida por Diethell Columbus, de Fuerza Popular (FP), había calificado el pedido de técnicamente viable. El pleno lo rechazó igual, aunque por poco, 9 a 7, con 1 abstención.
- Trabajo y Seguridad Social, también bajo control de FP, tumbó el informe que le abría la puerta al gobierno, 10 a 8.
- Justicia y Derechos Humanos, presidida por JP, negó facultades en materia penal y penitenciaria, 11 a 4.
Ninguna de esas votaciones fue aplastante; en dos de ellas la diferencia fue de apenas 2 o 3 votos. Esto no fue una condena al Ejecutivo, fue FP cortándole el paso a su propia presidenta en dos comisiones, mientras JP aprovechaba la ocasión en las otras dos.
Y aun así, nadie merece aplauso.
Pedir facultades legislativas no es pedir velocidad, es pedir saltarse el único momento en que alguien con cámara y micrófono puede decirte que no en público. Ese salto se pidió justo para minería, trabajo y seguridad, los 3 sectores donde más sangra el país en conflictos sociales, ya que ahí es exactamente donde el debate abierto sale más caro.
Eso tampoco fue principio. FP bloqueó a su propio gobierno en Ciencia y en Trabajo porque esa semana les costaba menos que sostenerlo. JP, en cambio, encontró la ocasión perfecta para golpear sin mancharse, decir que defiende a las comunidades le sale gratis cuando el que pide el atajo es el gobierno rival.
El mecanismo importa más que el actor. No defendemos a FP ni a JP. Defendemos que ninguna norma sobre minería, trabajo o seguridad se apruebe sin el registro público de quién vota qué, por qué, y a nombre de qué partido.
Un decreto que evita el debate no ahorra tiempo. Ahorra la parte donde alguien con nombre y apellido podía negarse.
Faltan 6 comisiones más, entre ellas Economía y Agrario, antes de que el expediente llegue a la Comisión de Constitución que preside Giannina Avendaño, también de JP. Si esas dos también tumban el pedido, el patrón queda confirmado: a este gobierno no lo detiene ningún principio, lo detiene la aritmética de una bancada fragmentada que todavía no decide si le conviene más hundirlo o cobrarle caro cada favor.