El liberalismo económico defiende la libertad de producir, intercambiar, contratar y emprender. En el Perú, esa defensa debe alcanzar tanto a la empresa formal como al trabajador y productor que todavía enfrenta trámites, informalidad y barreras de entrada.
Un mercado libre no significa ausencia de reglas. Necesita propiedad segura, contratos exigibles, competencia, información y justicia. Cuando el Estado entrega permisos a unos pocos, protege monopolios o convierte un trámite en una barrera, el mercado deja de ser abierto.
El comercio, la agricultura familiar, los talleres, el transporte y los pequeños negocios muestran una capacidad empresarial que muchas veces nace antes que la formalidad. La política liberal debe reducir el costo de formalizarse y permitir que el emprendimiento crezca sin persecución.
La propiedad comunal voluntaria, las cooperativas abiertas, los comités productivos y las redes de intercambio pueden convivir con la propiedad privada y la competencia. La comunidad no es una excusa para quitar propiedad: es una forma de asociación que debe ser reconocida cuando sus miembros la eligen.